Oyarbide, se fue al carajo

Para Oyarbide esclavizar es una "pauta cultural"

El juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la megausa por el sistema neoesclavista en la industria textil, acaba de sobreseer a los directivos de la marca de ropa Soho que tercerizaban en talleres con inmigrantes indocumentados. La denuncia contra los empresarios fue realizada en conjunto por la Defensoría del Pueblo, el Gobierno de la Ciudad y La Alameda. La fiscalía federal y la ONG apelaron la resolución.

Argumentó que el sistema de explotación era herencia de la cultura de los pueblos originarios del Altiplano boliviano.
Mientras el Gobierno porteño continúa con sus operativos para desmantelar los talleres textiles ilegales, donde prácticamente los empleados son reducidos a la servidumbre y la esclavitud, sin poder salir de su lugar de trabajo -y de descanso- y extendiendo cada jornada laboral más allá de las 15 horas, el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a los responsables de una empresa que contrataba inmigrantes indocumentados. En un polémico fallo, argumentó que ese sistema de explotación sería herencia "de costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano", de donde proviene la mayoría de los talleristas.

La situación irregular en la empresa textil Gilmar S.A. que comercializa la marca Soho fue denunciada por ex trabajadores de la firma y la cooperativa La Alameda -con respaldo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre- y por el diario Página/12, que hoy publica el polémico fallo del juez Oyarbide.

El caso se conoció en marzo de 2007, cuando, tras una investigación, el fiscal Patricio Evers comprobó que Gilmar S.A. terceriza la confección a dos talleres textiles donde trabajan extranjeros indocumentados en condiciones de máxima precarización laboral. Pero la Sala II de la Cámara Federal porteña sobreseyó a los directivos de Gilmar con el mismo argumento que ahora usa Oyarbide: en ambos fallos, se sostiene que la explotación sería "herencia de pautas culturales" de pueblos originarios que conviven en un ayllu, una comunidad aymara que funciona como especie de cooperativa. Este argumento indignó al cónsul de Bolivia y desconoció al del fiscal, quien había denunciado que la empresa sabía que los trabajadores habían venido en condiciones migratorias irregulares y que vivían en condiciones precarias e insalubres.